«Durante los ’90 se produjo en el mundo una verdadera erupción de la corrupción. Tanto en países en desarrollo como países industrializados se sucedieron numerosos escándalos, que alcanzaron, en algunas ocasiones, a las más altas figuras del espectro político. En América Latina dos presidentes fueron destituidos acusados de cargos de corrupción, en tanto que un tercero fue acusado de haber obtenido financiamiento por parte del narcotráfico. Varios jefes de Estado de la región fueron objeto de acusaciones serias en esta materia. La corrupción, sin embargo, no estuvo circunscripta a América Latina y mucho menos al mundo en desarrollo. El operativo Mani Puliti puso al descubierto en Italia las conexiones entre la clase política y la mafia, que involucraron ex primeros ministros y a dirigentes de los principales partidos políticos. También vale la pena recordar las denuncias por desvíos de fondos contra el ex canciller alemán Helmut Kohl, así como también el suicidio de un ex primer ministro francés a comienzos de 1990, fruto de las sospechas de haber cometido ilícitos durante su gestión. Todo esto nos recuerda que la corrupción está lejos de ser un problema del hemisferio Sur» (Labaqui, 2003:156).
A lo expuesto se aúnan los no muy lejos hechos que a pesar de la pandemia vigente al día de hoy, aun están frescos, y que son de nuestro pleno conocimiento en lo que atañe a nuestra propia realidad nacional, por lo que en un contexto de crisis, no es menos importante tratar estos temas conexos que dado los tímidos avances al respecto, es pertinente sacarlos a la palestra. Y es que la pregunta es siempre la misma: ¿Cómo disminuimos los índices de corrupción? (ya que la corrupción, en tanto atañe al hombre que siempre es susceptible al error y al crimen en todas las épocas, siempre va a existir, como existirá el robo, el hurto y la violación, en tanto que es la consecuencia mediata de una sociedad en desarrollo bajo aceptada teoría criminológica (anomía de Durkheim o enfoque estructural-funcionalista), es decir, el crimen, como tal, es lo esperado en el desarrollo de una sociedad determinada, siendo que lo realmente negativo es que este aumente a niveles anormales; p.ej. actualmente el país menos corrupto del mundo es Dinamarca con una puntuación de 87 –de una escala de 0 a 100, en donde la más baja es más corrupto y la más alta es menos corrupto, no hay país en el mundo que tenga los 100 puntos).
Para pretender responder la pregunta planteada –ya que somos del mismo parecer de varios académicos al respecto, en torno a que, no hay una fórmula definitiva, y que cada país debe lidiar con dicha problemática acorde a sus circunstancias y particularismos. Sin perjuicio de ello–, debemos primero establecer las bases de una Teoría de la Corrupción, que defina que entendemos por corrupción, y que responda cuáles son sus causas y efectos.
En lo que respecta a los estudios sobre la corrupción tenemos una amplia literatura, desde los que pretendiendo comprenderla, y que rozaron con su tenue justificación, por más increíble que parezca al lector no familiarizado, hasta los que fundamentan, como nosotros fundamentamos que es un mal que trae nefastas consecuencias en la vida de una nación.
En el primer grupo tenemos a Samuel Huntington (1998), Nathaniel Leff y John Girling (1997), que al respecto sostenían que la corrupción no solo permite una mayor movilidad social en sociedades rígidamente estratificadas, sino que también promueve la competencia entre empresarios mediante el pago de sobornos por bienes escasos tales como contratos gubernamentales, así como disminuye la probabilidad de aparición de violencia política, por el arreglo entre élites por el reparto del poder, es decir, esta era una visión de la función social de la corrupción, que dicho sea de paso ya no goza más de vigencia y ha sido desacreditada por completo.
Contrapuesto a lo mencionado, se presentan los estudios de Paolo Mauro (1995, 1996), enfoque que hacemos nuestro, y en donde la corrupción, se configura como lo que es, un hecho negativo por sus profundos impactos en la tasa de crecimiento de un país que deteriora las instituciones políticas, económicas y sociales. Al respecto:
«Una baja inversión en educación está a su vez asociada, con bajas tasas de crecimiento…A su vez, …la corrupción tiene un impacto negativo sobre la tasa de crecimiento por sus efectos sobre la estructura del gasto público» (Labaqui, 2003:159).
Así tenemos que la única función social de la corrupción no es otra que la de minar el interés público en único beneficio de un fin privado, siendo que esto da paso a una definición en donde la corrupción, precisamente, es:
«el uso de recursos públicos para beneficio privado» (Pritzl, 2000).
Visto lo expuesto, queda por ver cuáles son los efectos y las causas de la corrupción. Sobre los efectos, estos ya son ampliamente conocidos, dado que vivimos con ellos día a día, siendo algunos como: A nivel económico y social, respectivamente, (i) la reducción de la prioridad en la inversión en áreas neurálgicas, p.ej. salud y educación, en tanto que hay una mayor probabilidad de obtener ingresos por sobornos en sectores como obras públicas, por ende, este último tendrá la mayor atención de funcionarios públicos y empresas interesados en sacar provecho en detrimento de otras áreas; (ii) un efecto negativo sobre la desigualdad en la distribución del ingreso: «El impacto de la corrupción sobre la pobreza y la desigualdad tendría lugar a través de dos canales fundamentales: la disminución de la tasa de crecimiento económico, necesario para la reducción de la pobreza, y la evasión fiscal que incide en forma negativa sobre la masa de recursos destinados a políticas sociales» (Labaqui, 2003:160).
A nivel político, (iii) la proclividad al surgimiento de los políticos de negocios: «es decir aquéllos con las habilidades necesarias para desenvolverse en un sistema corrupto. La eficiencia y el mérito dejan lugar a la lealtad, el pragmatismo, las habilidades de networking, y por encima de todo, a la falta absoluta de escrúpulos. …no debe dejarse de lado el potencial efecto deslegitimador que la corrupción puede jugar en las democracias, creando las condiciones necesarias para una crisis de representatividad, una crisis del régimen político o el surgimiento de líderes populistas» (Labaqui, 2003:160).
Ahora, muy por el contrario de lo que pudiera pensarse, no hay una relación directa entre democracia y menor nivel de corrupción, necesariamente, sino que puede darse el escenario contrario en donde exista un régimen autoritario con bajos índices de corrupción: «la relación entre democratización y corrupción no es lineal. La democratización no necesariamente implica una reducción automática de la corrupción. De hecho, la democracia puede en un principio estar asociada a una mayor corrupción, ya sea que ésta es una mera apariencia producto de la mayor libertad de prensa existente en las democracias, ya sea que se trate de un aumento real fruto de actividades inherentes a la democracia que pueden dar lugar a actos de corrupción (como por ejemplo las campañas electorales). La evidencia muestra que cuando nos alejamos de los países con mayor libertad en el ICFH, el efecto reductor de la corrupción que ejerce la democracia decae o incluso, en algunos casos se revierte (es decir, algunas democracias poseen una mayor corrupción que algunos regímenes menos democráticos) en la medida que las prácticas de la democracia que inhiben a la corrupción no han tenido oportunidad de consolidarse» (Labaqui, 2003:186).
Siendo que lo anterior nos lleva a la pregunta final: ¿Cuáles son las causas de la corrupción? Respondiendo esta interrogante, ello facilitará a reconocer las soluciones mediatas a este flagelo, y sin perjuicio de los matices del caso para cada realidad nacional en particular, tenemos que, al parecer, son tres las causas principales de la corrupción, en ello: (1) el nivel de desarrollo, (2) de libertad económica y (3) el grado de institucionalización del régimen político.
(1) El nivel de desarrollo: Un mayor nivel de desarrollo implica la capacidad que tiene un país para (1.1) contar con una burocracia profesional eficiente y (1.2.) un sistema de impuestos estable. Si no contamos con estos dos puntos (1.1 y 1.2.), pues la natural consecuencia es que «la incapacidad de recaudar impuestos suficientes como para pagar en forma adecuada a los servidores públicos» (Theobald, 1990), traiga como consecuencia el aumento de los índices de corrupción al generarse los espacios propicios para ella. Por lo que las políticas públicas no solo deben estar centradas en mejorar las condiciones laborales de los funcionarios públicos, sino también en mejorar la tasa de crecimiento, para mejorar a su vez la estructura del gasto público. ¿Y cómo mejoramos la tasa de crecimiento? Con una mayor inversión en educación e infraestructura pública.
(2) El nivel de libertad económica: Un nivel de libertad económica adecuado implica «la ausencia de coerción o restricción gubernamental sobre la producción, la distribución o el consumo de bienes y servicios más allá de lo necesario para que los ciudadanos protejan y mantengan la libertad en sí misma» (Beach y Driscoll, 2003: 2), sin embargo, consideramos que la libertad económica debe ir de la mano con el principio de justicia social y de subsidiariedad del Estado, ya que sin condiciones mínimas de acceso a oportunidades no se puede garantizar que la libertad económica por sí sola cumpla la función de dinamizar la economía, y mejorar el bienestar general, que anule los espacios vinculados a comportamientos corruptos.
(3) El grado de institucionalización del régimen político: Independientemente nos encontremos en un régimen democrático o autoritario, si no hay mecanismos de control político, para una adecuada fiscalización y transparencia de las decisiones de gobierno, ello devendrá en un aumento de los índices de corrupción.
Fuente: LIRA, Israel. «Columna de Opinión No. 179 del 17.08.2020». Diario La Verdad. Lima, Perú.
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