Entre 2021 y 2024, las denuncias por extorsión se quintuplicaron en Perú: pasaron de 4.527 a 21.425. En lo que va del año ya se registran 3.841 casos, según el Observatorio de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior (ONSC, 2025). No es necesario que la presente aborde, para una necesaria introducción al tema tratado, una larga lista de datos, hechos y casos que son de conocimiento público, y que demuestran de forma fáctica que los índices de criminalidad claramente se han desbordado. Sobre esto nos detendremos en algo de teoría criminológica, para luego abordar claras soluciones que se necesitan adoptar dadas las actuales circunstancias, esto porque de nuevo, como siempre acusamos, retornan las discusiones sobre la condena capital (mal llamada pena de muerte, ya que en la teoría penal, la pena como tal tiene un fin de resocializar al reo, en cambio la condena de muerte, es la eliminación física del reo), como haz bajo la manga confiable, de los gobiernos de turno que no gozan de aceptación popular, y, hay que decirlo, para tratar de calmar a la opinión pública con una idea persuasiva, sin embargo, todos sabemos que son manotazos de ahogado, dado que implementar la condena capital tomaría alrededor de cinco años el poder concretarse. Ello debido a que el Perú está suscrito al Pacto de San José, y los procedimientos para denunciar el pacto tienen determinados plazos, ya que no solo es denunciar el pacto, sino reformar el artículo 140º de la Constitución, y finalmente modificar el Código Penal y el Código Procesal Penal para que recién podamos aplicar las medidas. Es decir, todo se reduce a un tema de voluntad política como siempre.
Sobre los aspectos teóricos, en primer lugar, la realidad nos dice que, el crimen, como tal, siempre va a existir, lo que se llama, dentro de las teorías criminológicas, la anomía de Durkheim, o enfoque estructural-funcionalista, en donde el crimen es lo esperado dentro de una sociedad en desarrollo. Esta teoría afirma que lo realmente negativo es que este aumente a indicadores anormales (es decir, p.ej. índice normal de homicidios en una sociedad de control social avanzado de la criminalidad –1%– versus un índice anormal de 10%), la diferencia que sentimos todos hoy en día en nuestro país, corresponde por ello a un desborde estructural en el control social avanzado de la criminalidad.
En segundo lugar, cabe señalar que, y siguiendo dentro del marco de la teoría criminológica, hay una rama que se centra en el estudio del control social de la criminalidad y da dos instancias para abordar la problemática del desborde estructural de la criminalidad. La primera atañe a los agentes informales del control social y la segunda a los agentes formales. Los agentes informales son la Familia, la Escuela, la profesión, el trabajo, la Iglesia, la comunidad y la opinión pública, mientras que los agentes formales, entran en acción cuando fallan los agentes informales. Dentro de los agentes formales tenemos a: la Policía, el Ministerio Público, la Administración de Justicia y la Administración Penitenciaria. Dicho esto, nos queda claro que, para afrontar el control social de la criminalidad tenemos que atacar de forma integral, poniendo énfasis tanto en los agentes informales como en los formales. No podemos simplemente ejecutar medidas al azar sin ningún planeamiento, sin una reforma y mejora tanto de nuestro sistema de justicia, como de nuestro sistema de valores a nivel social, y eso, es una política de Estado, en ello, promover en la sociedad en general campañas de prevención y concientización, y en el ámbito formal, una ya mencionada e imperativa mejora y modernización de nuestro sistema de justicia.
Pasando al análisis práctico, como ya el lector se habrá percatado que, las políticas de Estado, dependen, precisamente, de ese recurso humano que se expresa bajo la forma de funcionarios públicos, desde la cúspide de la pirámide, hasta las bases, es decir, desde el Presidente de la República, pasando por los Congresistas, hasta los organismos operativos.
Con lo anterior, no queremos decir otra cosa que hacer eco de una frase precisa para nuestro actual contexto, de que, para sacar a los delincuentes de las calles, debemos primero sacarlos del poder. Y similar conclusión se ha dado desde la órbita de la praxis política y de gobierno, en alusión al Presidente de El Salvador Nayib Bukele, quien en ya conocidas declaraciones diría, con amplio correlato en su experiencia de políticas de Estado y de lucha frontal y total contra la criminalidad desbordada, de que:
«Cuando un gobierno no combate efectivamente la criminalidad, no es porque no tenga la capacidad de hacerlo, sino porque los cómplices de los criminales son los que están en el gobierno» (Twitter, ahora X, 18.01.2023).
Por lo que el actual show de la Presidencia de la República anunciando con bombos y platillos un “Cuarto de Guerra”, sin resultados efectivos (lo cual está por verse), solo quedará como un saludo a la bandera si es que no cumple su finalidad operacional, y si así sucede, la premisa Bukeliana encontrará bases firmes de crítica al desenvolvimiento del actual (des) gobierno peruano. Y es porque la solución a nuestro problema es muy fácil en realidad, como precisa Bukele, no hay gobierno, medianamente organizado, que no tenga la capacidad para combatir la criminalidad. En ese sentido, para nosotros las soluciones son claras y conforme a la siguiente lista:
Primero: Reapertura del CEPA (Colonia Penal Agricola).
Segundo: Disolución del INPE (Instituto Nacional Penitenciario)
Tercero: Reestablecimiento de las tres ramas del Sistema Policial Nacional (Polícia Nacional del Perú): Guardia Civil, Policía de Investigaciones y Guardia Republicana. Todas con la misma formación militarizada que tenían, con la diferencia que todos reciben la misma preparación y cuando escojan su ramo de especialización dentro de la misma policía, ahí se impartirán los conocimientos diferenciados acorde a su labor funcional.
Cuarto: Disolución del Serenazgo y la Policía Municipal, toda labor de seguridad recaerá en el Sistema Policial Nacional (GC, PIP, GR)
Quinto: Que la Guardia Republicana retome el control de los establecimientos penitenciarios para que dejen de ser universidades de especialización en criminalidad.
Sexto: Asociaciones Público Privadas y Obras por Impuestos para infraestructura carcelaria moderna y de máxima seguridad. Y para infraestructura moderna de escuelas de oficiales del Sistema Policial Nacional.
Séptimo: Compras de emergencia de armamento moderno para el Sistema Policial Nacional.
Octavo: Trabajos forzados en cadena perpetua para delitos de corrupción de funcionarios públicos.
Noveno: Trabajos forzados en cadena perpetua para delitos de extorsión, sicariato, asesinatos, secuestros y homicidios.
Decimo: Trabajos forzados en cadena perpetua para violadores de menores de edad.
Onceavo: Deportación inmediata de extranjeros con antecedentes delincuenciales y de reincidencia.
Es claro que lo anterior, son medidas que serían aplicadas por un gobierno auténticamente nacionalista y no aliado de la criminalidad. Por ello la importancia de que toda lucha contra la criminalidad, realmente efectiva y con resultados palpables, incluya como condición imperativa (sine qua non), la lucha contra la corrupción.
Fuente: LIRA, Israel. «Columna de Opinión No. 262 del 24.03.2025». Diario La Verdad. Lima, Perú.
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