Plebiscito Constitucional en Chile

El 18 de octubre de 2019, quedará en la historia como la fecha en que la nación chilena –como el lector recordará– fue testigo de un estallido social sin precedentes, producto del desgaste de las políticas neoliberales. Esto en torno a diversos aspectos de índole socio-económico de los cuales el alza de los precios en el transporte público solo fue un ligero atisbo de todo el conjunto de problemáticas acumuladas por los gobiernos que vinieron después del término de la Junta Militar de Gobierno encabazada por Augusto Pinochet Ugarte [1973-1990]. Ello a consecuencia, de que se considera a las normas de juego social que fueron establecidas por el Pinochetismo institucional, en referencia a la forma en como esta estructurado el Estado, sus instituciones y el orden social y económico, es decir a la herencia que dejó la Constitución de 1980, cómo la principal causa, para un amplio sector de chilenos, que no permité hasta el día de hoy la realización de profundos cambios estructurales sino tan solo de tímidos paliativos que no resuelven las contradicciones subsistentes [es de recordar que dicha constitución ha sido reformada más de 50 veces luego del retorno a la democracia]. Asimismo, y como se recordara, el legado del Pinochetismo estuvo marcado en lo político por lo autoritario –que el régimen bautizo como democracia autoritaria, protegida, integradora, tecnificada y de auténtica participación social–; en lo social por lo conservador; y en lo económico por lo pragmático –aunque no son pocos los que identifican al ideario neoliberal como la receta económica exclusiva del régimen militar por boca de su misma praxis–.

Y es que el problema neurálgico de Chile parece ser que, luego del 11 de septiembre de 1973, hubo un respeto irrestricto a la libertad económica [al que le debe Chile su crecimiento económico a nivel cuantitativo, macro económico, reflejado en el PBI al día de hoy, lo cual es un hecho innegable, pero que, y sin animo de desmerecer los avances del Gobierno Militar en la reducción de la pobreza, no pudo paliar la desigualdad creciente al no establecer mecanismos de compensación social adecuados para socializar los beneficios de ese crecimiento económico experimetando, es decir, que llegase a todos los estratos sociales de Chile y por ello], sin embargo, se relegó, como se sigue relegando hasta nuestros días, a un segundo plano, a la justicia social [que guarda más relación con el desarrollo social sostenido a nivel cualitativo, es decir, a la real mejora de las condiciones sociales, el bienestar y la calidad de vida de las grandes masas populares]. Al respecto, y en una entrevista para la BBC Mundo en el año de las protestas, el académico de la Universidad Adolfo Ibañez, Cristóbal Bellolio precisaba en torno a la desigualdad en Chile que:

«…este es ciertamente un problema estructural del sistema socioeconómico chileno. No es un misterio que Chile es un país muy desigual a pesar de que hay mucho menos pobreza que antes», a lo que agregaba que «la situación de aquellos que salen de la pobreza sigue siendo muy vulnerable y se percibe que hay una clase de ricos que tiene todas las herramientas para saltarse las reglas» (BBC News Mundo, 20.10.2019).

La enorme movilización social que fue producto de la denuncia de estas problemáticas estructurales, llevó a un consenso entre las fuerzas políticas, determinándose que la mejor salida no era otra que la vía de la consulta directa a la población para determinar si se mantiene la Constitución de 1980 o si se redacta una Nueva Constitución Política, consultando adicionalmente, para aquellos chilenos que opten por aprobar esto último, bajo qué forma desean que esto se lleve a cabo, es decir, si la redacción del texto constitucional estará a cargo de una convención constitucional [compuesta por 155 ciudadanos elegidos para ese propósito en específico], o si estará a cargo de una convención mixta [integrada por parlamentarios y ciudadanos en partes iguales].

Constitución Política de Chile de 1980, el legado del Presidente Augusto Pinochet Ugarte y que en postura de un sector de la sociedad chilena, le debe Chile su crecimiento económico y su institucionalidad.

Sea como fuere, esto llevó a amplios debates en Chile generando una polarización entre los que se encuentran a favor del apruebo [a favor de una nueva constitución] y los que se encuentran a favor del rechazo [jocosamente llamado retraso por los primeros]. Siendo que las ideas neurálgicas que motivan a ambos sectores son claras: «Para los partidarios del sí, la actual Constitución es la causante de las grandes desigualdades del país por fomentar la privatización de servicios básicos, mientras que sus detractores creen que bajo este marco jurídico, Chile registró el periodo de mayor crecimiento de su historia y que los problemas se solucionan con nuevas leyes y no con un proceso constituyente» (RRP, 25.10.2020).

De acuerdo a todo lo visto, se tiene que el 25 de octubre [día en que se llevó a cabo el Plebiscito Constitucional] fue un día histórico para la hermana nación de Chile. Siempre que el resultado de ello conlleve a una armonía entre la libertad económica y la justicia social, tendrá nuestro apoyo. De lo contrario, visiones extremadas sólo pueden llevar a una fragmentación social malsana que en lugar de sentar las bases de una nueva nación, pueden terminar por balcanizarla, en detrimento del bienestar y el desarrollo social y económico. Extendemos un caluroso saludo a todos aquellos que quieren refundar sus naciones y garantizar con ello [no el retroceso sino], un gran salto adelante, pero también a todos aquellos que no quieren un cambio sin garantías.

Fuente: LIRA, Israel. «Columna de Opinión No. 192 del 26.10.2020». Diario La Verdad. Lima, Perú.