En un artículo intitulado «neolatifundismo y algo más» (23.12.2019), perfilábamos, visibilizábamos y advertíamos sobre las consecuencias de la creciente acumulación de tierras en pocas manos y su impacto en la vida agraria de nuestra nación, así como los peligros que esto conllevaría para los pequeños agricultores y los trabajadores agrarios en torno a la calidad de su situación tanto a nivel de economía familiar, como laboral, respectivamente.
Una ola de protestas ha estallado en Ica, por algo que para nosotros ya era previsible, una situación que tarde o temprano iba a escalar sino se efectuaban reformas, ante el siguiente escenario:
«Si bien tenemos seguro y estamos en planilla, más de 200 mil trabajadores de los fundos no recibimos CTS, vacaciones, ni gratificaciones. En Chapi ganamos 36 soles y 30 céntimos diario, y nuestras formas de trabajo son abusivas, las empresas hasta cuestionan y controlan si vamos al baño» (Paulina Velásquez / Secretaria General del Sindicato de Agrícola Chapi).
Es en dicho contexto que ahora más que nunca se hace presente el legado de Velasco y va tomando forma la idea de una Segunda Reforma Agraria, que gracias a la primera, que fue en extremo radical (ni siquiera en Cuba hubo una reforma tan profunda como se dio en el Perú en 1969), solo constaría de modernizaciones puntuales (Programas estatales de promoción del Sector Agrario y reformas legislativas) y reestructuraciones administrativas (Ministerio de Agricultura y Riego, Sunafil) para brindar una mayor tutela laboral a los trabajadores agrarios (cuyo principal reclamo es la derogatoria, precisamente, de la Ley de Promoción del Sector Agrario, por considerarla lesiva a sus derechos laborales a costa del crecimiento económico del empresariado agroexportador que se ha beneficiado durante más de 20 años con millonarias exoneraciones tributarias), un mayor impulso al agro y para combatir cualquier amenaza a la seguridad alimentaria.
No piense el lector –ya que es necesario precisarlo por la polarización que este tema aún genera al día de hoy en la sociedad peruana– que por la carga cognitiva de la palabra Reforma Agraria, y en el escenario hipotético de unas grandes transformaciones en el sector agrario –en el corto y mediano plazo– que le den el impulso final para su sostenibilidad integral, esta va a ser una emulación de la efectuada por Velasco, nada más erróneo. Como decimos, gracias a que la primera –para bien o para mal– fue tan radical, ya no se necesitan cambios profundos, se nos ahorró grandemente el camino, sino simplemente diversos ajustes neurálgicos de carácter técnico dentro del marco de una Economía de Mercado. Respecto de esto último tenemos las experiencias de reformas agrarias en los países del Este Asiático que hoy son grandes potencias económicas. Al respecto:
«La aplicación de una Reforma Agraria y el consiguiente desarrollo del campo. Todos los países del Este Asiático (excepto Hong-Kong y Singapur que no tienen sector agrario pues son ciudades-estados, y Filipinas, que no ha emprendido cambios en el agro, de ahí sus problemas actuales) aplicaron una Reforma Agraria y después una política de incentivos y precios justos al productor que hicieron que este sector se desarrollara. La política de incentivos contempló básicamente financiamiento para los cultivos, construcción de infraestructura agraria y precios justos para los productores. Países como Japón, Corea del Sur, y Taiwán fueron, y aun lo son, bastante proteccionistas de su sector agrícola. Todavía hoy en día no permiten la importación de productos agrícolas que compitan directamente con algunos productos en que ellos quieren ser autosuficientes, como el arroz. En todo caso en estos países, la base de la organización en el campo, y a través de la cual se canalizó y coordinó el apoyo del Estado, fueron las cooperativas agrarias, organizadas por los propios campesinos» (Aquino Rodríguez, 1996:93).
La modernización de la agricultura es una de las siete grandes modernizaciones (Educación, Salud, Justicia, Industria, Defensa, Ciencia y Tecnología) que el Estado peruano debe de realizar para garantizar un crecimiento económico (el mero reflejo macroeconómico en el PBI) de dicho sector pero con desarrollo económico, es decir, con un real aumento de la calidad de vida y el bienestar de las familias peruanas sobre las cuales gira su economía en torno al sector agrario, y el beneficio colectivo que esto aporte a la seguridad alimentaria. Ya que lo mínimo que se esperaba del empresariado agroexportador es que, ante los beneficios otorgados por el Estado, este compense el mismo con condiciones laborales dignas para sus trabajadores. Lo cual, por los acontecimientos en curso, no ha acontecido.
Por otro lado: ¡No puede ser posible que siendo el país de donde la papa es oriunda –el regalo del Perú y de nuestros ancestros al mundo–, importemos papa para el consumo local! En 15 años, desde el 2004 al 2018, la importación de papa pasó de 150 toneladas a 56,900 toneladas (agraria.pe, 30.05.2019) ¡Inaudito! Y ello es porque a nuestros empresarios no les da la regalada gana de procesar la papa para que esté lista para el consumo, es decir, pelada y cortada.
Esto es una prueba directa de que el mercado a veces necesita de un empujón definitivo para suplir áreas estratégicas de la economía nacional, y eso señores se llama planificación e intervención del Estado (idea que a los libertarios les hace llorar y de la cual debemos desembarazarnos de que esto ocurre solo en regímenes de izquierda, podríamos citar diversos ejemplos de como el crecimiento y desarrollo económico de varias naciones que ahora son potencias, se debe precisamente a que son economías de mercado pero guiadas por un Plan, como por ejemplo, Japón. El mercado por sí solo no se autorregula). Es la labor del Estado, la de un sano impulso estatal y a eso se le conoce como Principio de Subsidiariedad del Estado, principio que en nuestra Constitución está lisiado, porque solo por ley expresa el Estado puede realizar actividad empresarial, directa o indirecta, pero el principio de subsidiariedad implica más cosas que la mera actividad empresarial del Estado, también implica la asistencia para la promoción de actividades y esto último no está consagrado constitucionalmente:
«El principio de la subsidiariedad otorga prioridad a la autoayuda frente a la asistencia del Estado; por otro lado, implica también que las entidades superiores ayuden a las entidades inferiores para que estas últimas puedan cumplir sus funciones» (Resico, 2010: 131).
La importancia de que algo este o no en la Constitución, radica en que, ningún régimen de tutela de derechos es realmente efectivo si carece de garantías constitucionales. Es decir, un:
«…dispositivo meramente declarativo, dado que no existe con claridad un vínculo entre este derecho y una garantía constitucional que tienda a su defensa» (González y Montelongo, 1999:310).
No existe como tal un derecho de auxilio estatal ante fallas del mercado (la inestabilidad de ciclos económicos, la distribución desigual de la renta, sectores productivos desatendidos, etc) y externalidades como las pandemias, desastres naturales, etc. Se infiere que es un propósito teleológico del Estado, pero como hemos visto, sin garantías constitucionales no hay tutela efectiva de derechos. Asimismo, la asistencia es parte fundamental del principio de subsidiariedad del Estado, y que es importante en una Economía Social de Mercado, y contemplada de igual forma en su desarrollo teórico.
Como colofón, unas cuantas ideas para la reflexión: Tenemos el mismo modelo económico que Alemania, la Economía Social de Mercado, consagrada en el artículo 58 de nuestra Constitución. La pregunta es: ¿Por qué entonces el Perú no es una potencia emergente?
Ello se debe a que los alemanes supieron algo desde el principio, libertad económica sin justicia social, crecimiento económico sin desarrollo económico, solo significa el recrudecimiento de las brechas sociales y la desigualdad. Esto precisamente es lo que está perdido en nuestra Constitución, obliterado adrede, el principio de justicia social.
Por una auténtica Economía Social de Mercado, libertad económica con justicia social. Ese es otro de los puntos por los que abogamos en las actuales condiciones sociales y materiales del Perú, como primera fase o etapa hacia ese gran salto adelante a otras formas más avanzadas de régimen económico, hacía un modelo nacional de economía, no importado, sino que fluya de nuestra propia realidad peruana.
Fuente: LIRA, Israel. «Columna de Opinión No. 199 del 04.12.2020». Diario La Verdad. Lima, Perú.
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